Adiós a celulares en escuelas, ¡maestros en riesgo!

Lo que tienes que saber

Sin embargo, no será miel sobre hojuelas la aplicación de esta medida, si tomamos en cuenta que, en muchos casos, existe sobreprotección de padres de familia sobre sus hijos, y que, también en muchos casos, lejos de ser una necesidad de comunicación telefónica, se trata de un centro de entretenimiento para tener pasivos a los niños.
El riesgo mayor será, sin duda, para los docentes que se encuentran frente a grupo, no solamente del estado de Hidalgo, sino a nivel nacional, porque son ellos quienes tendrán que dar la cara, en primera instancia, para el reclamo de los padres de familia y alumnos que se sientan ofendidos.
Si por una simple llamada de atención, por parte de un o una docente a un alumno, o alumna, hay padres de familia que agreden físicamente a los profesores, no quiero imaginar qué pasará cuando, ante la desobediencia de los estudiantes, se les tenga que recoger el aparato y/o aplicar una sanción.

No será nada fácil que padres de familias y alumnos asimilen que, a partir del martes que viene, 3 de noviembre, los escolares ya no podrán hacer uso de sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en horario escolar, en planteles de educación básica, públicos y privados.

Es de reconocerse -y también valorarse- el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, con el apoyo de la estatal, para tratar de rescatar las convivencias personales, fortalecer los ambientes de aprendizaje y reducir las distracciones que afectan la atención de los estudiantes.

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Sin embargo, no será miel sobre hojuelas la aplicación de esta medida, si tomamos en cuenta que, en muchos casos, existe sobreprotección de padres de familia sobre sus hijos, y que, también en muchos casos, lejos de ser una necesidad de comunicación telefónica, se trata de un centro de entretenimiento para tener pasivos a los niños.

Lamentablemente, serán los profesores quienes enfrenten, en lo inmediato, las consecuencias de esta medida educacional.
Porque serán ellos quienes reciban los reclamos, y hasta posibles agresiones -físicas y/o verbales-de los alumnos que, frustrados y desesperados por no tener un aparato en la mano, desahoguen su furia contra los docentes y directivos.

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Y si a este problema le sumamos, gravemente, que muchos de los padres de familia están endiosados con sus hijos y no toleran, a veces, ni una llamada de atención, entonces la situación se pone aún más delicada.

Porque claro está que la mayoría de los estudiantes acatará la disposición de la SEP federal, pero qué va a pasar con los que no lo hagan, con los que, amparados en el apapacho enfermiso de sus padres, se quieran pasar por alto el ordenamiento.

En este momento, todos dice que sí, que no se permitirá el uso de teléfonos celulares y aparatos digitales en horario escolar, pero unas son las palabras y otros serán los hechos.

El riesgo mayor será, sin duda, para los docentes que se encuentran frente a grupo, no solamente del estado de Hidalgo, sino a nivel nacional, porque son ellos quienes tendrán que dar la cara, en primera instancia, para el reclamo de los padres de familia y alumnos que se sientan ofendidos.

Reclamos que, en el mejor de los casos, pueden ser de palabra, pero que pudieran convertirse en agresiones físicas y hasta posibles demandas penales, o ante Derechos Humanos, por el simple hecho de recogerle a un alumno el aparato, cuando esté violentando la disposición oficial.

Tema del que se habla poco, pero que es una realidad fácil de palpar, por las posibles consecuencias que existan en los primeros días de su aplicación, es decir, a partir del próximo martes, 3 de noviembre.

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El deseo es que no surjan este tipo de problemas, pero la realidad es que sí hay un riesgo enorme en esta disposición, si se quiere hacer cumplir conforme a la normatividad.

Si por una simple llamada de atención, por parte de un o una docente a un alumno, o alumna, hay padres de familia que agreden físicamente a los profesores, no quiero imaginar qué pasará cuando, ante la desobediencia de los estudiantes, se les tenga que recoger el aparato y/o aplicar una sanción.

Muy atentos deben estar los directivos de los centros educativos, pero sobre todo las autoridades de la SEP, en conjunto con la representación sindical (SNTE), porque riesgo, hay.

Y si riesgo, hay, en escuelas públicas, imagínese lo que puede ocurrir en las escuelas privadas, donde padres de familia sienten que, con el pago de su colegiatura, son dueños de las vidas de los docentes, en algunos casos.

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En Hidalgo, la disposición deberá ser acatada por 569 mil 987 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que son atendidos en 7 mil 776 planteles

El nivel primaria, concentra 302 mil 960 niños; y en secundaria, 167 mil 706 alumnos, que son atendidos, según datos oficiales, por 53 mil trabajadores de la educación.