Inmedicen recibió más de 92 mdp del gobierno de Omar Fayad por contratos de salud

Lo que tienes que saber

, vinculada con Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido en julio de 2026 por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero para la delincuencia organizada, recibió 11 contratos del sector salud de Hidalgo por más de 92 millones de pesos durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, de acuerdo con registros oficiales.
El documento estableció la prestación de servicios de mantenimiento para equipo médico en diversos hospitales públicos de Hidalgo, entre ellos el Hospital General de Pachuca, el Hospital General de Tulancingo, el Hospital General de Tula, el Hospital General de Actopan y el Hospital General del Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan.
El 19 de julio de 2026, Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en Mérida, Yucatán, durante un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad otorgó a Inmedicen contratos millonarios relacionados con salud: a la empresa se le investiga por lavado de dinero.

De acuerdo con información de Reporte Indigo, la empresa Inmedicen, S.A. de C.V., vinculada con Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido en julio de 2026 por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero para la delincuencia organizada, recibió 11 contratos del sector salud de Hidalgo por más de 92 millones de pesos durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, de acuerdo con registros oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de todas las noticias al instante

Los contratos fueron adjudicados mediante Servicios de Salud de Hidalgo y contemplaron servicios de mantenimiento de equipo médico y adquisición de insumos para hospitales públicos. En algunos documentos aparece la firma de Rivera Parrazales como representante legal de la compañía.

La información adquiere relevancia luego de que autoridades federales señalaran al empresario como presunto operador financiero de una organización criminal. Sin embargo, los contratos públicos documentan la relación comercial con el gobierno estatal, no prueban por sí mismos que los recursos públicos estuvieran relacionados con actividades ilícitas.

SIGUE LEYENDO: Hidalgo inhabilita a 247 funcionarios por presunta corrupción; cuatro municipios deben aclarar 487 mdp

Un contrato superó los 42 millones de pesos

Entre los acuerdos de mayor monto destaca el contrato IRMEIML-268-2018, firmado el 26 de octubre de 2018, por 42 millones 582 mil 905 pesos con IVA incluido.

El documento estableció la prestación de servicios de mantenimiento para equipo médico en diversos hospitales públicos de Hidalgo, entre ellos el Hospital General de Pachuca, el Hospital General de Tulancingo, el Hospital General de Tula, el Hospital General de Actopan y el Hospital General del Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan.

En este contrato, la empresa aparece representada legalmente por José Guillermo Rivera Parrasales, identificado en el documento como hermano de Justo Aurelio Rivera Parrazales.

Rivera Parrazales aparece como representante legal en otro contrato

Otro documento, identificado con la clave EML-433-2019 y fechado el 19 de diciembre de 2019, registra a Justo Aurelio Rivera Parrazales como representante legal y administrador único de Inmedicen.

LEE: Fosa en Atotonilco de Tula: identifican tres de los cinco cuerpos hallados

El acuerdo, relacionado con la adquisición de equipo médico para hospitales, representó 21 millones 71 mil 632 pesos para la compañía.

Los registros consultados mediante mecanismos de transparencia muestran que la relación comercial de Inmedicen con Servicios de Salud de Hidalgo se extendió durante la administración de Fayad, aunque el monto acumulado de los 11 contratos reportados fue superior a los 92 millones de pesos.

Una empresa constituida en Chiapas

De acuerdo con los documentos contractuales, Inmedicen fue constituida en Chiapas mediante un instrumento notarial fechado el 3 de julio de 2015 y quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de Tuxtla Gutiérrez en enero de 2018.

La compañía también tuvo relaciones comerciales con instituciones públicas de esa entidad durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, actual cónsul de México en Miami, Florida.

Un reporte financiero de la Universidad Intercultural de Chiapas, correspondiente a diciembre de 2019, identificó a Inmedicen como proveedora y registró un adeudo de 493 mil 530.92 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Mineras CEUMH hacen historia en Cuba: triunfan ante la Selección Mayor

Por otra parte, la Universidad Politécnica de Chiapas la describió como una “aliada estratégica” en su Memoria de Actividades 2012-2020, donde documentó donaciones de incubadoras, cunas térmicas y camas para actividades de formación académica.

Detención por presunto lavado de dinero

El 19 de julio de 2026, Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en Mérida, Yucatán, durante un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Según la información difundida por el Gabinete de Seguridad federal, el empresario es investigado por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y por posibles vínculos con grupos delictivos como el Cártel del Noreste y La Barredora.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron vehículos de alta gama, armas, dinero en efectivo, joyas, dispositivos electrónicos y documentación. El valor estimado de los bienes incautados ascendió a 145 millones 263 mil 946 pesos.

La detención y los señalamientos contra Rivera Parrazales forman parte de una investigación penal; su responsabilidad deberá determinarse ante las autoridades judiciales.

LEE: ¿Qué dejó Edda Vite tras cuatro años en el DIF Hidalgo? Estas son las cifras

Los contratos de Inmedicen abren una pregunta sobre los mecanismos de revisión de proveedores que recibieron recursos públicos durante administraciones anteriores, en particular cuando sus representantes legales enfrentan investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.