43 pupitres y 12 años de silencio

Lo que tienes que saber

La noche del 26 de septiembre de 2014 aquellos jóvenes estudiaban para convertirse en maestros rurales y, a veces, ese dato se pierde detrás del peso político del caso, aunque quizá sea uno de los que más debería importarnos cuando hablamos de educación.
Este 26 de septiembre Amnistía Internacional volvió a señalar que el Ejército no ha entregado toda la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, pese a existir un mandato judicial.
Es entonces cuando nos damos cuenta de que, una escuela puede enseñarnos a leer la historia, pero Ayotzinapa nos obliga a preguntarnos qué hacemos cuando la historia se escribe frente a nosotros y decidimos no leerla.

Hay preguntas que un país debería ser capaz de responder antes de presumir cualquier reforma educativa. ¿Dónde están? Apenas dos palabras, pero detrás de ellas hay 43 nombres y padres que llevan doce años esperando una respuesta. Desde aquella noche han pasado tres gobiernos federales, fiscalías, comisiones, detenciones, peritajes, informes de expertos internacionales, y México todavía no consigue ponerle punto final a la pregunta.

La noche del 26 de septiembre de 2014 aquellos jóvenes estudiaban para convertirse en maestros rurales y, a veces, ese dato se pierde detrás del peso político del caso, aunque quizá sea uno de los que más debería importarnos cuando hablamos de educación. Ayotzinapa forma docentes para comunidades donde enseñar no siempre significa pararse frente a un pizarrón, sino llegar a lugares en los que una escuela puede representar una de las pocas posibilidades de cambiar vidas.

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Doce años después sabemos mucho más de lo que ocurrió aquella noche, aunque seguimos sin conocer lo más importante. La llamada “verdad histórica”, que sostuvo que los 43 jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, terminó por desmoronarse frente a investigaciones posteriores y, hasta hoy, solo tres estudiantes han podido ser identificados mediante restos óseos. En 2022, incluso el propio Estado mexicano reconoció lo ocurrido como un crimen de Estado.

Este 26 de septiembre Amnistía Internacional volvió a señalar que el Ejército no ha entregado toda la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, pese a existir un mandato judicial. A estas alturas, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió aquella noche, sino por qué México sigue sin poder esclarecerlo por completo.

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Y hay una pregunta todavía más incómoda. ¿Habríamos tolerado doce años sin respuestas si hubieran desaparecido 43 jóvenes de una universidad privilegiada? No tengo cómo responderla, pero después de doce años vale la pena preguntarnos si en nuestro país la justicia también entiende de códigos postales.

Últimamente hablamos mucho de permanencia escolar, cobertura, becas y derecho a la educación; Pero Ayotzinapa colocó antes una exigencia mucho más elemental sobre la mesa: que un estudiante tenga el derecho a regresar vivo a casa.

Este año muchos padres volvieron a marchar, algunos acompañados por hijos y nietos. Quizá esa sea la medida más brutal del tiempo transcurrido, una nueva generación está creciendo mientras la anterior aún continúa esperando la misma respuesta.

Es entonces cuando nos damos cuenta de que, una escuela puede enseñarnos a leer la historia, pero Ayotzinapa nos obliga a preguntarnos qué hacemos cuando la historia se escribe frente a nosotros y decidimos no leerla.

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Porque ningún país debería permitir que una ausencia se convierta en herencia. Doce años después, México todavía tiene 40 estudiantes por encontrar y familias que siguen buscándolos. Tal vez la deuda educativa más elemental sea esa que no aparece en ningún programa de estudios, garantizar que salir de casa para convertirse en maestro no signifique no volver jamás.