Lo que tienes que saber
- La Ley de Movilidad y Transporte del estado prohíbe la operación de este tipo de servicios para el traslado de personas y contempla sanciones que van de 56 mil a 79 mil pesos para quienes presten el servicio sin autorización.
- El legislador sostuvo que el transporte de aplicación atiende a un sector específico de usuarios, mientras que el reto principal sigue siendo garantizar un servicio digno para la mayoría de la población.
- Además, recordó que la responsabilidad de prestar el servicio corresponde al Estado, el cual lo concesiona a particulares, por lo que las condiciones de operación deben revisarse para asegurar un equilibrio entre concesionarios, operadores y usuarios.
Mientras las autoridades continúan revisando el esquema tarifario, en Hidalgo tampoco existe la posibilidad de optar por plataformas digitales como Uber, Didi o InDrive.
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La Ley de Movilidad y Transporte del estado prohíbe la operación de este tipo de servicios para el traslado de personas y contempla sanciones que van de 56 mil a 79 mil pesos para quienes presten el servicio sin autorización.

Aunque las empresas promovieron amparos y otros recursos legales para ingresar al mercado hidalguense, hasta ahora ninguno ha prosperado. La postura del gobierno estatal tampoco apunta a modificar la legislación en el corto plazo.
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Para el diputado local del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, el debate no debe centrarse únicamente en permitir o no las plataformas digitales, sino en resolver primero las deficiencias del transporte público.

“Antes de pensar en el ingreso de plataformas tendríamos que resolver los grandes problemas del estado. Si no le ofrecemos alternativas a la gente, no vamos a arreglar la situación”, afirmó.
El legislador sostuvo que el transporte de aplicación atiende a un sector específico de usuarios, mientras que el reto principal sigue siendo garantizar un servicio digno para la mayoría de la población.
Además, recordó que la responsabilidad de prestar el servicio corresponde al Estado, el cual lo concesiona a particulares, por lo que las condiciones de operación deben revisarse para asegurar un equilibrio entre concesionarios, operadores y usuarios.
¿Realmente qué sucede en las calles?
No obstante, mientras el debate jurídico y político continúa, la realidad en las calles permanece prácticamente sin cambios.

Quien aborda un taxi en Pachuca, Mineral de la Reforma o cualquier otro municipio del estado rara vez conoce cuánto costará su viaje antes de iniciar el recorrido. En ausencia de un tarifario visible, de taxímetros en funcionamiento o de una regulación efectiva, el precio termina definiéndose en una negociación entre conductor y pasajero.
Cinco años después del lanzamiento de Taxi Contigo, la promesa de ordenar el servicio sigue pendiente. Las tarifas oficiales existen en el papel, pero para miles de usuarios dejaron de ser una referencia cotidiana. Y mientras no haya reglas claras ni alternativas legales de transporte por aplicación, subir a un taxi seguirá siendo, para muchos hidalguenses, un ejercicio de incertidumbre.
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